ASCAV desmiente que solo el 10% de las Viviendas Vacacionales son legales

No es cierto que sólo el 10% de las viviendas vacacionales que existen en Canarias estén regularizadas cuando en Fuerteventura, sólo hay 279 licencias concedidas y 1500 expedientes en trámite, tal y como reconocieron en el último Consejo de Turismo los técnicos del Cabildo majorero,  lo que, no supone que las que están en curso, sean ilegales. En Tenerife, se amontonan los expedientes, los cuales,  tardan en resolverse casi un año dada la saturación administrativa en la corporación insular, por lo que tampoco son ilegales. Situación similar  ocurre en Lanzarote. Por tanto, no es veraz esta información.

Entrevista completa al responsable de la ASCAV en Fuerteventura, Francisco Díaz, en El Magacín de Onda Fuerteventura:

Dadas estas circunstancias y el uso demagógico de los datos del último informe elaborado por parte del Gobierno de Canarias de las Viviendas Vacacionales referentes al ejercicio 2016, Ascav ha solicitado reuniones con todos y cada uno de los Cabildos insulares y solicitará también en los próximos días reunión con el nuevo Consejero de Turismo del Gobierno de Canarias, tan pronto se acomode en su nuevo cargo, para valorar la situación real en cada una de las islas, de tal forma que,  la información que se proporcione a la opinión pública sea clara y transparente, pero, sobre todo cierta.

Una vez actualizada la misma, la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional tal y como lo ha venido haciendo,  seguirá realizando acciones abiertas informativas gratuitas en todas las islas para todos aquellos que desconocen aún los protocolos a seguir ante la incertidumbre normativa y situación del Decreto que regula la vivienda vacacional en Canarias, que recordemos, ha sido reprobado hasta en tres ocasiones por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias por atentar contra principios básicos de Derecho, lo que genera una situación de KO normativo sin precedentes de la que no cabe responsabilizar a propietarios e intermediarios que llevan desde el 2014 pidiendo una regulación justa que no ha llegado y ante la que han tenido que pronunciarse los Tribunales.

Otro dato que conviene apuntar y que provienen de los mismos informes que elaboró el Gobierno de Canarias y que se interpreta a conveniencia es el siguiente:

En el 2010 utilizaban las viviendas vacacionales 1.076.471 turistas de los 10.432.046 que nos visitaron, esto es, un 10,32%.
En el 2016 1.290.609 de los 14.981.113 turistas que nos visitaron, esto es un 8,61%.

Por lo que,  la cuota de mercado de la VV en Canarias ha bajado un 1,71% en 7 años. Por ello,  nuestra anterior Consejera de Turismo Dña. Maria Teresa Lorenzo  tuvo que admitir que los números muestran la inexistencia de un «boom turístico» de la Vivienda Vacacional en Canarias, contrariamente a lo que piensan muchos.

Es justo también compartir con todos, que los informes del Gobierno de Canarias, también reflejan que los hoteles y apartamentos turísticos, han pasado de 8.306.830 turistas en el 2010, un 79,62% a 12.107.719 en el 2016, esto es un 80,82%, lo que supone un incremento importante para el sector, lo  que, como canarios que somos, nos genera satisfacción y alegría, ya que, cualquier crecimiento del principal motor económico de las islas, nos ha de reconfortar a todos y todas.

Los informes reflejan a su vez, que 4.150.132 turistas escogen el «todo incluido» lo que desde nuestro punto de vista, puede resultar contraproducente para las economías locales y las empresas canarias que,  en cierta forma,   pueden ver contrarrestados sus efectos adversos con las Viviendas Vacacionales tal y como han promulgado en innumerables ocasiones las Asociaciones de empresarios y autonómos de las islas.

Desde la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional, insistimos una vez más en que la campaña de «desprestigio y demonización social» de las Viviendas Vacacionales que parten tristemente desde algunas de nuestras propias Instituciones, hacen un » flaco» favor a nuestra gente, nuestra economía y nuestro devenir turístico, por lo que, abogamos a la responsabilidad, al diálogo y al consenso para proteger el interés y bienestar general como principal prioridad.

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