Asociaciones alertan del incumplimiento en la Ley de Accesibilidad Universal

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Las barreras a la accesibilidad son muchas y en ocasiones no se ven, sobre todo con los ojos de una persona sin discapacidad alguna. Pero están ahí.

El Magacín de Nuria González organizó una Mesa de Debate con la participación de la arquitecta urbanista, Clara Peña, la concejala de Turismo del ayuntamiento de Puerto del Rosario, Paloma Hernández, el portavoz de la plataforma “El Taxi es para todos”, el representante de Frater en Fuerteventura, Eladio Sosa, José Gomez, Presidente de ADIVIA y Jimmy Hernández de FASICAN (Federacion de Asociaciones de Personas Sordas de las Islas Canarias).

Para avanzar en la igualdad, y siguiendo los postulados de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, que España ha ratificado y por tanto debe cumplir, se hizo una ley que obliga a alcanzar la accesibilidad universal.

Este 4 de diciembre se acaba el plazo que concedido por la propia normativa sobre derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social para alcanzar esta accesibilidad universalidad en todos los entornos, productos y servicios: no se cumple.

Los colectivos reclamaron que con la entrada en vigor, desde ayer, de la nueva Ley, los edificios tienen que ser accesibles para todo el mundo, así como las páginas webs, los transportes, la línea de atención de emergencias 112 (que pueda llamar un sordo) o cualquier cosa que se le pueda ocurrir. Tienen que ser accesibles. En todas sus formas. La única salvedad que establece la ley es que apostilla que esta accesibilidad se hará “siempre que fuera susceptible de ajustes razonables”.

Mucho más que rampas

Y luego hay cosas invisibilizadas, de las que directamente ni se habla. En este caso no se llega siquiera a incumplir la ley porque ni están contempladas en ellas. “La legislación española hace referencia a la accesibilidad física, que es la que más desarrollo tiene, y a la sensorial, que afecta a personas sordas, ciegas, etc.”, exponen Jimmy Hernández, José Gómez y Eladio Sosa.

La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU reconoce la importancia que para este colectivo reviste su autonomía e independencia individual, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones. También señala la importancia de la accesibilidad al entorno físico, social, económico y cultural, a la salud y la educación y a la información y las comunicaciones, para que las personas con discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.

La disposición adicional tercera del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, regula los supuestos y plazos máximos de exigibilidad de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación. El plazo que se establecía para espacios, productos y servicios, ya se cumplió para aquellos que fueran de nueva creación. El plazo aplicable a los existentes, finaliza el 4 de diciembre de 2017.

Alcanzar la fecha del 4 de diciembre de 2017 con un aceptable grado de cumplimiento de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación habría requerido una planificación adecuada del trabajo así como de un esfuerzo presupuestario que el Gobierno de España no ha realizado y que consideramos necesario exigir en vísperas de esta jornada internacional.

 

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