El consejero de Turismo del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta, «debe imperar el sentido común, no es de interés de esta consejería precintar hoteles, lo que si es de interés es aplicar la ley». Acosta aclara que siempre ha tenido voluntad de resolver este conflicto, «si la propiedad presenta la documentación y los requerimientos precisos, no tiene que haber ningún tipo de problema». Acosta trasladó que hasta el momento no han recibido  ninguna petición «ni formal ni informal» de intermediación en el asunto, «más que sobreexposiciones públicas, solo hay que cumplir el procedimiento como lo hacen el resto de empresas de Fuerteventura, mi interés también se centra en que las familias sigan manteniendo el empleo».

Son muchos los hoteles que se han requerido desde el año 2002 en el municipio de Pájara, un municipio con un Plan General anulado por el TSJC desde el año 2003 que ha sembrado inseguridad jurídica. Desde entonces han sido dos los proyectos presentados por el consistorio local, uno en el 2004 otro en el 2007, el Gobierno de Canarias a través de Domingo Berriel impidió su aprobación. Desde entonces muchos complejos se han quedado fuera de ordenación real desde 2007, «la inmensa mayoría se construyeron con un titulo de Licencia de Obra. Esto es lo que se está viviendo hoy en muchos hoteles, desde mi primera etapa en el ayuntamiento (2003- 2007) se han requerido a todos los hoteles las licencias de apertura, antes los hoteles tenían una licencia de actividad inocua pero la Ley cambió en 2012 y ahora tienen que adaptarse a la Licencia de Actividad Clasificada. Por lo tanto, no era contra un empresario determinado, sino que se reclamó documentación a comercios, hoteles y todo tipo de establecimientos», manifestó Blas Acosta.

El alcalde de Pájara, Rafael Perdomo, informó ayer sobre la postura del ayuntamiento de Pájara sobre la interpretación de Gregorio Pérez ante el precinto, «no tienen argumento, es una huída hacia delante, recusando a todos los técnicos y representantes municipales para que no se puedan defender».

Gregorio Pérez insiste en una ‘persecución del ayuntamiento de Pájara a sus empresas con más de 40 expedientes contra sus intereses’. Pérez interpuso querellas contra el alcalde de Pájara y la Junta de Gobierno por ver sus derechos alterados, «por prevaricación y cohecho». Pérez pide al ayuntamiento que acepte las medidas cautelares, a fin de paralizar el proceso y el precinto hotelero.

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