Carta de los trabajadores del Oliva Beach a Ángel Víctor Torres

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Los trabajadores y trabajadoras del Oliva Beach queremos aprovechar el espíritu navideño, a pesar de que estas fechas no están siendo tan felices por la incertidumbre de nuestros puestos de trabajo, para pedirle mediante esta carta abierta al Presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, que ejecute la declaración de interés regional de las obras del Oliva Beach aprobada por el Parlamento de Canarias y que defienda nuestro Estatuto de Autonomía frente a las injerencias del Ministerio para la Transición Ecológica.

La Proposición no de ley (PNL) aprobada por el Parlamento canario el pasado 2 de diciembre de 2020 acordaba la calificación de la reforma del hotel RIU Oliva Beach como proyecto de interés regional. Tanto el Cabildo de Fuerteventura como el Ayuntamiento de La Oliva aprobaron sendas mociones en apoyo de los trabajadores y trabajadoras, así como de la continuidad del recinto hotelero en Corralejo. Hasta la fecha, el Gobierno de Canarias no ha ejecutado esa declaración incumpliendo lo acordado por el Parlamento democráticamente elegido.

También consideramos que, como representante de todos los canarios, debe defender nuestro Estatuto de Autonomía. La competencia asumida por el Estatuto en el artículo 157 es exclusiva en materia de ocupación y uso del dominio público marítimo-terrestre, pero queda en papel mojado cuando el Ministerio para la Transición Ecológica notifica el acuerdo de incoación y pretende desmantelar un hotel en un municipio canario.

Por ello, invitamos al Gobierno canario a instar un conflicto positivo de competencia al Tribunal Constitucional, porque consideramos que se están invadiendo competencias autonómicas asumidas desde la aprobación del Estatuto hace ya dos años.

Por último, queremos recordarle que el impacto global sobre el empleo en La Oliva es de 518 puestos de trabajo, los cuales afectan principalmente al sector de la hostelería y el comercio. Ese golpe a la maltrecha economía majorera nos situaría en cifras superiores al 25% de paro, que es la antesala a una quiebra social. Como Presidente no lo puede permitir.

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