Covid-19, el desafío para migrantes y familias vulnerables

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¿Van a estar incluidas las familias y personas más vulnerables en los planes del
Gobierno Canario y de los ayuntamientos? No en las declaraciones, sino en las
políticas que se articulen y en los presupuestos que las avalen. Pronto lo sabremos en
el ámbito autonómico…aunque no hay muchos motivos para la tranquilidad. En
Fuerteventura ya se tiene la certeza, al menos en el municipio de Puerto del Rosario,
de que las ayudas a las personas y familias inmigrantes en situación irregular,
incluidas las alimentarias, tendrán un carácter “excepcional”… sujeto a un “podrán
ser…” Así lo recoge la reciente a Ordenanza municipal publicada por los Servicios
Sociales del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, sobre la Adopción de Medidas
Urgentes para la concesión de Ayudas de Emergencia Social y de “Integración Social”
para las personas del municipio en situación de Vulnerabilidad, para hacer frente al
impacto social del COVID19.

Resulta evidente que los sectores más vulnerables de la población son quienes más
van a padecer las consecuencias del modo de afrontar esta pandemia. Y en ellos se
encuentra sobrerrepresentada la población migrante.

Durante el mes que llevamos de confinamiento desde el Servicio de Atención,
Asesoramiento e Información a la población Migrante (SAAIM), estamos viendo y
asistiendo, en colaboración con la Red de Apoyo Comunitario, a personas migrantes y
a sus familias, que han dejado de percibir sus únicos ingresos, producto de empleos
precarios que han echado la persiana, o provenientes de la economía informal. Ello
repercute en un incremento de las dificultades para pagar el alquiler del piso o
habitación o procurarse alimento y, por tanto, en muchos casos, tener la despensa
vacía durante días e incluso semanas, es decir, que existen familias pasando hambre
(trabajadoras de hogar que no pueden acceder a ayudas por desempleo, migrantes en
situación de calle, alojados en ocasiones en recursos no adaptados para situaciones
prolongadas de confinamiento y un largo etcétera).

En este contexto resulta llamativo que ni el Gobierno español, ni el Autonómico, ni el
Insular o municipal, han tenido en cuenta, expresamente, estas situaciones en las
medidas que ha ido adoptando.

Las personas sin techo que ahora están alojadas en recursos de urgencia, ¿se les va a poner en la calle cuando acabe el confinamiento? ¿Se están planificando los
recursos que permitan, a futuro, seguir atendiendo sus necesidades? ¿Se va a evitar
que jóvenes tutelados por la Comunidad Autónoma se queden en la calle, sin medios,
al cumplir los 18 años?

Es también muy elocuente que, en una situación extraordinaria como la actual, no se haya considerado la regularización de las personas que no disponen de permiso de trabajo y residencia. Sin esa posibilidad de poder buscar un trabajo legal se les condena a la miseria y al trabajo irregular y en condiciones mayores de explotación.
Su regularización, reclamada desde muchos sectores de la sociedad, es una medida

imprescindible de cara a que cuenten con herramientas propias en la situación
posconfinamiento, sin depender exclusivamente de ayudas públicas.
Si la situación de estas familias no tiene una respuesta institucional que asegure su
acceso a las medidas de protección social, quedarán expuestas a situaciones de
extrema pobreza y desamparo institucional en el caso de los menores. La
regularización administrativa es el único cauce posible para asegurar su acceso a
medidas básicas de protección en igualdad de derechos y condiciones.
Afrontamos una situación en la que cabe la posibilidad del crecimiento de
planteamientos xenófobos. Las situaciones de crisis suelen ser aprovechadas para
encontrar chivos expiatorios sobre quienes descargar las frustraciones. Las personas
migrantes, que ya vienen siendo objeto de discriminaciones racistas pueden verse
situadas aún más en la diana. Es importante, en primer lugar, atender a sus
necesidades reales para que no caigan en la marginalidad.

Es necesario que los medios de comunicación contribuyeran a hacer visible la
situación de todos estos colectivos que, a día de hoy, forman ya una parte
imprescindible en la construcción de nuestra sociedad. Es importante la creación de
redes que visibilicen sus carencias y sus derechos, que les apoyen en los trámites
necesarios para acceder a ayudas que estén previstas y que les muestren que no
están solas, que les consideramos parte de la sociedad majorera
Por lo que se solicita con carácter urgente que, teniendo en cuenta la situación
excepcional que se vive por la propagación del coronavirus, se asegure el acceso a
ayudas a las personas inmigrantes que lo necesiten, independientemente de su
situación administrativa o de si están empadronadas o no.

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