El BOC publica la solicitud de revisión de la concesión del Oliva Beach para declarar su “nulidad”

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El Ministerio para la Transición Ecológica ha publicado en el BOC la revisión de oficio por “causa de nulidad de la concesión administrativa”.

La cadena Riu paga cada año un canon de 2 millones para gestionar el Hotel Oliva Beach, pero la cadena hotelera había solicitado permiso para poder reformar el establecimiento turístico. Dicho permiso no ha llegado a concederse nunca.

Los miembros del comité de empresa se han desplazado hasta Madrid, en representación de los 400 trabajadores, al ver peligrar su puesto de trabajo. Con el apoyo de todas las fuerzas políticas del Cabildo Insular de Fuerteventura, del Ayuntamiento de La Oliva, fuerzas sindicales y asociaciones de empresarios, el comité de empresa ha confirmado que el Ministerio para la Transición Ecológica quiere anular la concesión administrativa.

“Desde que comenzara este conflicto, el Ministerio para la Transición Ecológica, ha recabado distintos informes para declarar nula una concesión administrativa del año 2003. El 17 de febrero de 2020, la Abogacía del Estado daba vía libre para reformar el Oliva Beach, mientras se discutía la legalidad de la concesión. La reforma permitiría crear nuevos puestos de trabajo y mantener a los trabajadores en condiciones de seguridad. No entendemos este angustioso bloqueo”, señala en una nota el comité.

“A pesar de ello, el Ministerio nos ha notificado recientemente el Acuerdo de inicio de revisión de oficio por causa de nulidad de la concesión administrativa donde se ubica el Oliva Beach. En resumen, el desmantelamiento de dicho establecimiento”, añaden los representantes de los trabajadores.

El impacto económico global se estima en casi 27 millones de euros en el año 2019 y en 519 empleos directos e indirectos, y supone el 20% de la oferta alojativa del municipio de La Oliva.

Este municipio tiene actualmente una alarmante tasa de paro del 21,32% (2782 parados), por lo que el desempleo se situaría en cifras superiores al 25%. Estas cifras son insostenibles y un factor que incrementaría la inseguridad y la criminalidad en el municipio, avisa el comité.

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