El PP denuncia la ‘trampa’ de la reapertura en bares y restaurantes

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La portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de
Canarias y presidenta de los populares en el Archipiélago, Australia Navarro,
criticó la improvisación del Gobierno de Sánchez que “aboca al cierre” a muchos
pequeños empresarios canarios del sector de la restauración y del comercio, al
cambiar “por sorpresa” las aportaciones a las cuotas de la Seguridad Social en
los ERTEs de fuerza mayor que venían rigiendo hasta el momento.

Australia Navarro consideró esta medida “una trampa mortal” para la
supervivencia de cientos de pequeños bares, restaurantes, comercios y, en general, de cualquier autónomo que inició su actividad al comienzo de la fase 0,
sobre todo de La Gomera y El Hierro, y destacó el “sorprendente silencio
cómplice” del Gobierno de Canarias al que exigió que intervenga urgentemente
“para parar este atropello” que pone en peligro la supervivencia de estos
pequeños negocios y de muchas familias que dependen de un sueldo.

“De acuerdo con esta nueva situación, explicó la portavoz popular, las empresas
que reabrieron sus negoción desde el día 4, como El Hierro y La Gomera, o
desde el pasado día 11, en el resto de las islas, tendrán cero euros de
exoneración si llamaste a todos los trabajadores del ERTE; mientras que las
que decidieron no abrir, o abrir después del día trece, disfrutarán de
exoneraciones que van desde el 70% al 100%”.

Para Navarro, esta norma penaliza a los dueños de pequeños bares y
restaurantes “que decidieron apostar y arriesgar por el bien social de la
reactivación económica”.

La presidente de los populares canarios destacó “la situación límite” en la que
ha colocado esta nueva improvisación al sector. “Ahora, prosiguió, los
hosteleros se encuentran que no les salen las cuentas y muchas
microempresas familiares están abocadas al cierre de sus negocios o a
endeudarse más para intentar sobrevivir”.

Al respecto, volvió a insistir en la “imperiosa necesidad” de conseguir que el
Gobierno de España rectifique antes de su aprobación el Real Decreto-Ley
18/2020, de 12 de mayo, y pidió a los representantes canarios en el Congreso
de los Diputados que, en última instancia, no respalden con su voto este
“agravio comparativo” a los empresarios canarios.

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