Josefa deberá derribar la vivienda al completo: “Me siento engañada por los políticos”

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Foto: Archivo

Josefa Hernández Gómez, conocida popularmente como ‘la abuela de Fuerteventura’ sigue en la incertidumbre jurídica. Hasta ahora ninguna institución ha querido hacerse cargo de la demolición de la parte irregular de su modesta vivienda en Campo Viejo, dentro del Parque Rural de Betancuria. Esta situación ha provocado que Josefa no pueda regresar a su casa y permanezca en un piso propiedad del Gobierno de Canarias en Puerto del Rosario junto a dos de sus hijos y tres nietos. El pasado 28 de febrero de 2016 expiraba el plazo para derruir su vivienda, pero no tiene medios para ello.

Puedes escuchar la entrevista completa a Josefa Hernández realizada en El Magacín de Nuria González:

Josefa Hernández se siente desilusionada con las promesas que le habían trasladado el presidente del Cabildo, Marcial Morales, y el alcalde de Betancuria, Marcelino Cerdeña. “Me prometieron toda clases de mejoras para mi vida. Desde un trabajo hasta ayudarla, pero solo fueron promesas. Transcurrido el tiempo he observado como se trataba de una autentica falsedad”, señala la mujer en su vivienda provisional de Puerto del Rosario.

Esta mujer de 62 años fue condenada en 2012 a seis meses de cárcel, 720 euros de multa y el derribo de lo ilegalmente construido por ampliar su vivienda vulnerando las restricciones de encontrarse dentro de un espacio protegido, el Parque Rural de Betancuria.

El real decreto que publica el BOE solo le retira la pena de cárcel, con la condición de que no vuelva a cometer un delito doloso en el plazo de dos años, contados a partir de este lunes.

Josefa Hernández ingresó el prisión, porque el Juzgado que la condenó (el de lo Penal número 2 de Puerto del Rosario) consideró que no merecía seguir disfrutando del beneficio de la suspensión de su condena, por haber mostrado una actitud rebelde frente a su obligación de derribar lo ilegalmente construido y haber realizado nuevas obras en su vivienda.

La Audiencia de Las Palmas corrigió esa decisión tres días más tarde, el jueves, restableció la suspensión de la condena y permitió a Hernández abandonar la prisión de Tahíche (Lanzarote).

El tribunal le ponía dos condiciones para ello: que derribase en un plazo de seis meses las obras declaradas ilegales en la sentencia y que no volviese a delinquir en los próximos cinco años.

El indulto que se ha concedido a Josefa Hernández no le impone plazo alguno derribar las obras que motivaron su condena, a diferencia de lo que ha ocurrido en algunos supuestos anteriores por el mismo delito (contra la ordenación del territorio, por construir en espacio protegido) y en la misma provincia (Las Palmas).

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