La Guardia Civil denuncia a diez personas en Lanzarote por quebrantar la Ley de Costas

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La Guardia Civil, a raíz de varias informaciones de ciudadanos sobre una serie de casetas ilegales en un espacio protegido de la referida isla, donde presuntamente varias grupos de personas realizaban diferentes actividades de marisqueo ilegal, acampada y fiesta nocturnas (realizando fuegos también), inició un servicio conjunto entre varias unidades para comprobar los hechos e identificar a los usuarios de las citadas estructuras, procediendo a desplazarse a la zona en diferentes días (8 de septiembre y 16 de octubre) y denunciar a 10 personas por diferentes infracciones a la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

Zona de acampada ilegal, asaderos y residuos

Las informaciones y denuncias de los ciudadanos respecto al uso ilegal realizado en la zona mencionada motivaría que diferentes unidades de la Guardia Civil identificasen a diez personas que estaba realizando una acampada ilegal en esa área, actividad totalmente prohibida por tratarse de un espacio natural protegido.

En la mayoría de las ocasiones esta personas se desplazaban a la zona con diversos grupos electrógenos, con los que proporcionaban electricidad a diferentes equipos de música, utilizados para la realización de fiestas nocturnas, pernoctando en el lugar y abandonando casi siempre los residuos generados en el mismo sitio; actividades que generan un importante menoscabo a una zona considerada de especial protección para las aves, especialmente la pardela cenicienta.

En total, la Guardia Civil realizó 14 denuncias administrativas por diferentes infracciones a la mencionada Ley de Costas, concretamente a los artículos 90 apartado c, 91 apartados a y b, que sancionan respectivamente la ejecución no autorizada de obras e instalaciones en el dominio público marítimo-terrestre, la acampada u ocupación del dominio público marítimo-terrestre y los vertidos de residuos en esa zona.

Dichas denuncias, las cuales son tramitadas por la Dirección General de Costas, pueden conllevar sanciones económicas comprendidas entre los 300 y los 300.000 euros, dependiendo de varios factores como el daño ocasionado al medio natural.

Paralelamente, la Guardia Civil ha remitido las actuaciones la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN), órgano encargado en Canarias de la disciplina urbanística y ambiental, con el objeto de proteger el medio ambiente, para que valore el posible derribo de esas estructuras.

 

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