La problemática de los 'okupas': Una encrucijada con debilidades legales

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El origen de la indefensión jurídica que sufren muchos propietarios trae causa directa del Código Penal de 1995, que introdujo el delito de usurpación de bienes inmuebles, castigado con penas de tres a seis meses, para aquellos supuestos de ocupación de un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada y contra la voluntad de su titular.
Puedes volver a escuchar la Mesa de Debate en la que han participado miembros de la Policía Nacional, propietarios, empresas inmobiliarias y abogados:

El abogado Juan Manuel Verdugo explicó ampliamente en los micrófonos de El Magacín de Nuria González, «hay muchas sentencias mantenidas por Audiencias Provinciales donde se declará la absolución y hay que acudir a la vía civil, al desahucio por precario y dilata el proceso para poder desalojar a los usurpadores». Verdugo informó sobre la usurpación de un edificio «los pequeños propietarios no pudieron hacer frente a la hipoteca porque su casa estaba ocupada por otras personas, que de forma coordinada ocupan 4 o 5 inmuebles, eso hace pensar que hay algún tipo de organización».

La ocupación ha de realizarse sobre un inmueble que no sea morada y el Juez ha de apreciar indicios de delito. Aquí es donde surge el problema de interpretación, ya que no todas las ocupaciones de inmuebles que no constituyen morada dan lugar al delito. Solo podrán castigarse las perturbaciones más graves. La jurisprudencia entiende que sólo son punibles las ocupaciones en las que concurre una intención evidente de ejercer los derechos posesorios sobre el inmueble, con vocación de permanencia y privación total del ejercicio del derecho por su titular. El proceso penal, además de resultar largo y tedioso, no da lugar a una resolución segura para el propietario, quien puede ver fácilmente desestimadas sus pretensiones.
Desde el punto de vista civil, no existe proceso específico alguno para estas situaciones, por lo que los tribunales han acogido para su viabilidad y desarrollo el procedimiento de desahucio por precario, que requiere abogado y procurador de los tribunales y cuya duración puede oscilar entre 9 meses y 18 meses aproximadamente.
Por su parte, Jose Antonio Pacheco, miembro de la Policía Nacional en Fuerteventura explicó que únicamente pueden acceder al desalojo con autorización judicial, «se consideran delitos leves y el Juzgado está saturado, con lo cual el procedimiento se alarga». Distingue entre las personas que tienen que ocupar una vivienda «por motivos de necesidad» y aquellos que lo hacen «como un estilo de vida». La Reforma de La Ley no establece prescripción, «con lo cual una vez superado el año, prescribe y no hay delito en sus expedientes». Aclaró que este fenómeno ha proliferado en Fuerteventura y hay zonas localizadas, como El Matorral, donde se dedican a esta actividad «que incluye la venta de estupefacientes».

Las soluciones procedimentales en España no están otorgando una la tutela judicial rápida y segura. Lo que ocurre en España no ocurre en ningún otro país de Europa, con excepción de Portugal. Sería necesaria una voluntad político-legislativa para impulsar una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.