Las tres fiscalías canarias y un juzgado de Fuerteventura archivan la denuncia contra las listas de espera

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‘El Defensor del Paciente’ pretende reiterar la denuncia en los juzgados de Santa Cruz y Las Palmas y ya ha contactado con la ADSPC para adjuntar un listado de casos concretos

La Asociación en Defensa de la Sanidad Pública (ADSPC) lleva recaudados 9.144 € para parar en los juzgados “la ola privatizadora de la Sanidad”

El juzgado número 6 de Puerto del Rosario (Fuerteventura)  declaró en un auto el sobreseimiento provisional del procedimiento iniciado tras  la denuncia presentada en el juzgado de guardia de Fuerteventura por la presidenta de la asociación el Defensor del Paciente, Carmen Flores, contra el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, José Manuel Baltar, a los que acusó de presunto delito contra la salud pública por el “maquillaje” de las listas de espera sanitarias.  La denuncia se basaba en las declaraciones y los casos presentados públicamente por el personal médico y usuarios que forman la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública de Canarias (ADSPC), que continúan ampliando la lista de casos ya publicada por Mírame TV Canarias  junto con las diferentes “estrategias de maquillaje” que, a su juicio, lleva a cabo el Gobierno de Canarias para reducir las lista de espera. Y aun así, con los datos oficiales que el Gobierno de Canarias aporta al Estado,  las listas de espera  de Canarias siguen siendo, con diferencia,  las más altas (147 días de espera para una operación quirúrgica y 105 para un especialista) de un país que ha recibido un toque de atención de la Comisión Europea  por su mlaa gestión de las listas de espera sanitarias.  Además hay que sumar el incremento del índice de mortalidad tanto en menores como en adultos que en Canarias ha sido del 10,2%, el mayor de todo el país, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

 Sin embargo, en el auto fechado el pasado 20 de noviembre (que condena a costas a una asociación que decidió no recurrir “ante el elevado coste económico de la Justicia”), la jueza Ana María Sanz López consideró que en “la denuncia presentada no resulta acreditado ni siquiera de un modo indiciario la comisión de infracción penal alguna  por las personas denunciadas, conteniendo la denuncia un relato de hechos excesivamente genérico (“situación de las listas de espera” sin concretar los hechos presuntamente delictivos cometidos por las personas denunciadas”. La magistrada remitió las actuaciones al ministerio fiscal sin hacer referencia a que,  tal y como adelantó Mírame TV Canarias, fue la Fiscalía de Área de Fuerteventura y Lanzarote  la que archivó las diligencias previas de investigación en su jurisdicción el pasado 25 de septiembre e invitó a la defensora del paciente a presentar esta denuncia en el juzgado que también ha sido archivada.

Mírame TV Canarias ha podido confirmar que la Fiscalía de área había abierto diligencias tras recibir sólo uno de los tres oficios que envió el fiscal superior de Canarias después de que, Vicente Garrido, tomara la decisión de inhibirse en favor, no sólo de la Fiscalía de área de Fuerteventura y Lanzarote, sino también de las fiscalías provinciales de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, tras la solicitud de investigación que la asociación El Defensor del Paciente presentó en  Fiscalía Superior de Canarias el pasado 31 de julio después de que la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública en Canarias (ADSPC) denunciara públicamente que “Sanidad elimina a cientos de pacientes de la lista de espera” . Tanto la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife como la de Las Palmas han archivado sus diligencias, según ha podido corroborar este medio. Ambos decretos de archivo coinciden en que os hechos denunciados “además de ser excesivamente inconcretos o genéricos no constituirían, per se, hecho delictivo alguno” al no poder vincularse, según las fiscalías provinciales, “ni dentro de los delitos contra la salud pública como delitos de riesgo general, ni dentro de los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales  y libertades públicas en cuanto a la denegación de prestaciones sanitarias, ni dentro de la falsedad por supuestas alteraciones o eliminaciones  de pacientes de las listas de espera sanitarias al no constar dato alguno sobre las mismas, salvo las manifestaciones de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública en Canarias” (ADSPC).

La ADSPC aportará un listado de casos concretos a El Defensor del Paciente

Precisamente esta consideración del fiscal ha llevado a la Asociación El Defensor del Paciente a ponerse en contacto con la ADSPC y solicitarle un listado actualizado de casos concretos con datos que están siendo recopilados por los propios médicos de atención primaria y que van más allá de los 34 ya publicados en Mírame TV Canarias. Cabe recordar que sí existen sentencias de tribunales canarios en los que sí se consideró esa “denegación” de asistencia (a la que hace referencia el escrito del fiscal) para condenar al Servicio Canario de Salud (SCS) por las listas de espera.  La presidenta de la asociación El Defensor del Paciente, Carmen Flores,  y el presidente de la ADSPC, el doctor Guillermo de la Barrera, coinciden en que la Justicia sí debería tener en cuenta la correlación entre que Canarias sea la Comunidad con unas listas de espera más altas y que las Islas sufran un 10,2% de mortalidad infantil y adulta con el mayor incremento de todo el país, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).  Ambas organizaciones mantienen que el “riesgo” que no considera el Ministerio fiscal sí es real ya que se agrava la enfermedad de los pacientes mientras continúan esperando por ser atendidos. Insisten, además, en que el miedo a tener que seguir esperando impide que muchas de las personas que sufren el “maquillaje” de las listas de espera denuncien sus casos  y por eso volverán a pedir a la Justicia que utilice sus recursos y competencias para investigar lo que está ocurriendo.

En sus decretos de archivo, las fiscalías recuerdan el derecho a reiterar la denuncia en los juzgados de instrucción y eso anuncia que hará Carmen Flores, ampliando su escrito gracias a la colaboración acordada con la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública (ADSPC). Por su parte, a estas horas y a falta de 24 días para terminar la campaña de micromecenazgo,  la ADSPC ya ha recaudado 9.144 euros con los que parar la privatización de la Sanidad Pública canaria mediante otra acción judicial integral. La ADSPC espera que los mecenas sigan entrado en http://goteo.cc/defensasanidad y aportando cantidades que van desde 1 euro hasta los 1.000, para poder acercarse a la cantidad óptima marcada en el crowdfunding .Con  17.000 euros podrán ampliar la batería de medidas y desarrollar los frentes que pretenden abordar desde el plano contencioso administrativo pero también desde el penal.  Además de las citadas listas de espera, y de la personación en otras causas ya abiertas, la ADSPC pretende llevar a los tribunales los conciertos de la Sanidad Pública con la Sanidad Privada, de los que ya habló Privados de Salud, el programa de Despiertos que emitió Mírame TV Canarias. La ADSPC asegura que la sanidad privada canaria es una de las que más factura en España, después de Cataluña y Madrid (unos mil millones de euros anuales), y sumando los conciertos y los pagos trasladados a la ciudadanía, el gasto en sanidad privada en Canarias alcanza el 39 por ciento del total, precisó en una reciente rueda de prensa el secretario de la ADSPC, Arturo Borges. Además, el porcentaje de camas privadas en Canarias es de 14,30 por cada 10.000 habitantes, cuando la media estatal de camas privadas se sitúa en 6,88.

 La ADSPC también quiere llevar a los tribunales casos concretos como la privatización del servicio de Medicina Nuclear del Hospital Doctor Negrín de Las Palmas de Gran Canaria en el que la Consejería de Sanidad gastó un 82% más con la llegada de Baltar, según publicó Canarias Ahora. Se da la circunstancia de que el hoy consejero era antes responsable de la empresa cuya filial gestiona el servicio con un contrato, además, vencido.    El también doctor Arturo Borges recordó que  “la antigua empresa de José Manuel Baltar se ha visto enormemente favorecida por su propia gestión”. Las derivaciones a los Hospitales San Roque en cuanto a cirugías concertadas, rehabilitación y pruebas diagnósticas han aumentado un 78,5 por ciento, y en cuanto a la medicina nuclear un 82 por ciento.  Las derivaciones desde el Hospital Doctor Negrín al de San Roque se incrementaron en un 123 por ciento, y las del Hospital Materno Infantil al de San Roque en un 64 por ciento.

Acciones en Defensa de la Sanidad Pública

Precisamente, la privatización del servicio de Medicina Nuclear que gestiona la filial de Hospitales San Roque junto con las caras del presidente del gobierno Fernando Clavijo y el consejero de Sanidad, José Manuel Baltar,  fue el objetivo de la valla publicitaria que la ADSPC y la Marea Blanca de Canarias contrataron para publicitar el crowdfunding. A la mañana siguiente, la empresa de publicidad retiró el anuncio debido a las presiones ejercidas por el Gobierno de Canarias, según aseguró Canarias Ahora. La ADSPC ya prepara nuevas acciones similares que pondrá en marcha en las próximas semanas. Además, preprara en las dos provincias un acto de presentación del libro La Defensa de la Salud y la Sanidad Pública en Canarias que cuenta con el análisis de 15 especialistas médicos que resumen la situación real de la Sanidad en las Islas. Además, se espera que este mes también se publique un libro de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) que tendrá un capítulo especial dedicado a Canarias, la comunidad que, desde hace una década, sigue siendo la que peor sanidad pública tiene, según los informes anuales de la FADSP.

Gracias a la colaboración ciudadana, Mírame TV Canarias está recopilando casos de personas afectadas por la larga espera, para ser intervenidas quirúgicamente o atendidas por un especialista, en el correo electrónico listasdeespera@mirametv.com 

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