El malestar de los pequeños inversores que confiaron en las renovables

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La Comisión de Energía del Parlamento Europeo ha aprobado este martes una serie de enmiendas para regular las energías renovables en los estados miembros que liberan la electricidad autoconsumida de cargos punitivos, gravámenes e impuestos. Con esta medida, Bruselas se posiciona a favor de reconocer a la ciudadanía más derechos para producir, vender e intercambiar su propia electricidad proveniente de fuentes de energía limpia.

En El Magacín de Onda Fuerteventura recibimos al producto de energía fotovoltaica, Pepe Santana, y al consejero de Industria y Energía, José Juan Herrera Martel

Pepe Santana, propietario de AgroTurismo La Gayría es uno de los pequeños productores de energía eléctricafotovoltaica de la Isla. En 2007 decidió invertir sus ahorros en una pequeña instalación de placas solares fotovoltaicas y vender la energía que produjera. Un Real Decreto de 2007 establecía un importante margen de beneficio, con un precio de compra de la electricidad muy por encima del público, y garantizaba esas condiciones durante 25 años. Para el empresario de Turismo Rural se trataba de una buena oportunidad. El proyecto prometía un rendimiento muy elevado, pero hoy Pepe Santana, al igual que otros productores de la Asociación en Canarias, se siente traicionado.

Sus placas solares funcionan con normalidad, pero los ingresos han bajado año tras año por las modificaciones en la legislación energética española. “Nos cambiaron las reglas a medio partido y nos sentimos estafados”, afirma.

El Real Decreto 661/2007 formaba parte de la promoción del uso de fuentes de energía renovables del gobierno del PSOE, para cumplir con las directivas de la Comisión Europea y reducir las emisiones de dióxido de carbono. El documento establecía una tarifa de venta de electricidad fotovoltaica de 0,44€/kWh durante 25 años y de 0,35€/kWh en los posteriores; cuando el precio de venta al público rondaba los 0,12€/kWh. La tecnología solar es cara, pero en esas condiciones la inversión era muy atractiva y fue un éxito en todo el país.

La normativa cambió en 2010, el gobierno socialista tuvo que modificar las condiciones para compensar el éxito inesperado de la energía fotovoltaica. Primero eliminó la tarifa especial tras 25 años; y después redujo el número de horas de producción de energía. El límite quedó en 1.250 horas anuales, lo que supone un recorte del 20%.

El cambio de color en el Gobierno no mejoró la situación. En 2012 se estableció un impuesto del 7% en toda la producción de energía eléctrica; algo que los pequeños productores tuvieron que asumir de su bolsillo. “Las grandes empresas eléctricas pueden compensar el impuesto en las facturas de sus consumidores, pero nosotros vendemos directamente al sistema”, según Pepe.

La regulación actual, determinada por el Real Decreto 413/2014, establece múltiples variables para determinar la tarifa de venta en una ecuación que varía para cada caso. El recorte respecto a los 0,44€/kWh de 2007 puede llegar hasta el 50%.

La reclamación que hacen pequeños productores como Pepe Santana es la aplicación de las modificaciones legales a plantas fotovoltaicas que fueron construidas cuando estaba en vigor el Decreto de 2007 y no sólo a las nuevas.

La Comisión de Energía del Parlamento también ha aprobado elevar al 35% el porcentaje de la energía comunitaria que debería provenir de energías renovables para el año 2030. La Alianza por el Autoconsumo recuerda que en 2014, los gobiernos nacionales europeos, reunidos en el Consejo, sugirieron un objetivo del 27% y, en 2016, la Comisión respaldó este objetivo.

Ahora, la Comisión energética propone elevar el objetivo al 35% pero al mismo tiempo añade una cláusula que permitiría a los países de la UE un margen del 10% sobre el cumplimiento del objetivo propuesto. Esto podría reducir la contribución real de las energías renovables al mix energético a solo el 31,5% en 2030.

Mientras tanto, los ministros de Energía de todos los países de la UE se reunirán el próximo 18 de diciembre en Bruselas para llegar a un acuerdo preliminar del Consejo sobre las reformas previstas, en preparación para las negociaciones con el Parlamento y la Comisión que se llevarán a cabo a lo largo de la primavera y verano de 2018.

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