Montelongo y Figueroa llevan a juicio al PP por la creación de la Gestora en Fuerteventura

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La ejecutiva regional del PP dio vía libre a la creación de una comisión gestora del partido en Fuerteventura, cuyo cometido fundamental sería la preparación y celebración del próximo congreso insular de los populares majoreros. «Es conocida por todos la situación conflictiva que vive hoy nuestra organización en esta isla y que ha conducido, a juicio del comité ejecutivo autonómico del PP, a un clima de confrontación y a un deterioro objetivo de nuestro partido que no queremos, ni debemos, ni podemos consentir», explicó la secretaria general del PP en Canarias, María Austrialia Navarro, tal día como hoy hace un año.
Mañana lunes el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Puerto del Rosario acoge a las 9.30 horas de la mañana el juicio por la demanda interpuesta contra la decisión del Partido Popular de Canarias de apartar del cargo a la entonces presidenta insular, Águeda Montelongo.
En el juicio están citados el presidente autonómico del PP, Asier Antona, la secretaria general, Australia Navarro, y Carlos Ester, miembro de la dirección del Partido Popular de Canarias.

El origen del conflicto

Once de los dieciséis cargos públicos del PP de Fuerteventura exigieron la dimisión “inmediata” de su presidenta, Águeda Montelongo, y del secretario insular, Carlos Figueroa, y pidieron a la dirección regional la creación de una gestora hasta que se celebre un congreso de forma transparente.

La diputada nacional Celia Alberto y el senador Claudio Gutiérrez, junto a consejeros del Cabildo y concejales de distintos ayuntamientos, escenificaron ayer su unión contra Águeda Montelongo y Carlos Figueroa, a los que acusaron de utilizar los reglamentos del partido de “forma arbitraria y sesgada, acorde a sus intereses personales”.

Águeda Montelongo siempre defendió su intención de dimitir como presidenta del PP majorero en una comparecencia realizada junto a su secretario insular, Carlos Figueroa, desde la sede insular de los populares en Puerto del Rosario. Montelongo explicó que el centenar de expulsiones de afiliados se ajustan a los estatutos del partido, en concretó al artículo 11, ya que los afectados «militaban en otras formaciones políticas, habían concurrido a las elecciones en listas de otros partidos, o bien participado como apoderados o interventores de otros partidos»
La exlíder majorera y Astrid Pérez, presidenta insular en Lanzarote, fueron las únicas que movilizaron apoyos a favor de Cristina Tavío con la intención de impedir que Antona fuera reelegido presidente. Pero la diferencia entre una y otra fue clara, mientras Montelongo evidenció su pérdida de control orgánico, Pérez logró que los afiliados de la Isla votarán mayoritariamente a la candidatura no oficialista.