Intersindical Canaria presenta un preaviso de huelga que se desarrollará entre 9 de noviembre y el 1 de diciembre, la misma tendrá como fechas principales son el 9 y 27 de noviembre y el 7 de diciembre, en las que se desarrollarán paros de 2 horas para reivindicar que los trabajadores y trabajadoras de los servicios centrales y territoriales del Gobierno de Canarias recuperen los derechos perdidos durante los años de crisis, así como los servicios públicos que se han venido degradando con la reducción de personal en contraste con el incremento de las obligaciones de atención a la ciudadanía, que ha traído como consecuencia la sobrecarga de trabajo en muchos de los servicios.

Esta organización sindical considera que el momento de las negociaciones a las que siempre ha acudido con propuestas constructivas, conciliando las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas con los derechos de los trabajadores, ha pasado. Ha pasado porque los representantes políticos del Gobierno de Canarias con su consejero Barragán y su presidente Clavijo a la cabeza, ningunean a los empleados y empleadas públicos.

Aunque muchos de estos derechos ya hayan sido concedidos por la administración central hace meses. Este gobierno, adorna con buenas palabras y deja siempre un condicionante asociado a las decisiones del gobierno central en Madrid, creando FALSAS EXPECTATIVAS y en muchos casos falseando la realidad. Planteando que los concederán asociados al superávit, hecho que no se produce en las demás Comunidades Autónomas y Administración central.

Consideran que pueden sentarse con sindicatos con escasa o nula representación en la Comunidad Autónoma con la connivencia de estos, para vender un acuerdo que no deja de ser “Papel Mojado”, dado que los representantes mayoritarios y legales, han exigido desde los órganos legalmente constituidos una negociación franca y leal durante toda la legislatura, lo que demuestra su falta de Voluntad Política.

Intersindical Canaria considera que el Gobierno de Canarias continúa vendiendo humo y manteniendo a la Administración Canaria y a la recuperación económica de Canarias parada, esto se observa en las inversiones que plantea, achacando su parón siempre al Gobierno Central y aplicando actuaciones que no repercuten en los ciudadanos.

Ejemplo de ello son los problemas que afectan a los servicios públicos y a la calidad de estos. El Gobierno de Canarias no invierte en los servicios públicos y lo poco que invierte lo hace siempre condicionado, teniendo como consecuencia aspectos como:

  • Mantener los mayores niveles de pobreza del estado. 41% de la población en riesgo de pobreza.

  • Listas de dependencia que pueden llegar hasta dos años para su incorporación, lo que trae como consecuencia que en muchos casos se concedan después de fallecidos, falta de centros para su atención, esperas de hasta tres años para recibir las ayudas.

  • Encontrarse a la cola de Sanidad del estado y vender que se mejora en las listas cuando la realidad es que se externaliza muchas de las asistencias a realizar, con el argumento de que no hay capacidad en la sanidad pública, desviando los presupuesto hacia las empresas sanitarias privadas e infradotando las públicas.

  • Situando a la educación canaria con las tasas de fracaso escolar más altas del estado.

Todas estas situaciones se plasman dentro de los recursos humanos de la administración en aspectos como:

  • La permanencia del personal interino e indefinido.

  • La recuperación y el incremento de las plantillas asociado a las necesidades reales de recursos humanos en la administración de manera que se pueda dar una respuesta adecuada a las necesidades sociales.

  • La recuperación del poder adquisitivo perdido en los últimos años que para los empleados y empleadas públicos canarios es del 24% en la última década.

Las políticas públicas del Gobierno de Canarias que queremos recordar ha gestionado siempre los últimos 30 años el mismo partido político demuestra que no es adecuada, que no da respuesta a las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas que viven en Canarias.

Solicitamos por ello el cese o dimisión del Consejero José Miguel Barragán, del Director General de la Función Pública Francisco Santana, que recordamos es el responsable de los recursos humanos entre otras funciones y el cual la permanente respuesta que da a las múltiples reivindicaciones de los trabajadores y organizaciones sindicales, es “NO TENGO SUFICIENTE PERSONAL PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS DE PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN”. Como consecuencia el Colapso de la administración se perpetua.

Comentarios

comentarios