Sergio LLoret reclama en el Senado apoyo con la situación migratoria que vive Fuerteventura

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El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Sergio Lloret López,
intervino hoy de forma telemática ante el Senado en una ponencia de estudio
sobre la insularidad y situación extrapeninsular de Ceuta y Melilla junto a los
presidentes de los Consells y las ciudades autónomas.

Lloret detalló los datos socioeconómicos que ha provocado la pandemia
originada por la COVID-19 en Fuerteventura “con una tasa de desempleo en la
isla de un 27´1 % población, la tasa más alta de toda la comunidad autónoma,
con un 10% de nuestra población activa de Canarias en ERTE, lo que supone
más de 80.000 trabajadores y 11.000 en Fuerteventura, y el descenso de
nuestro PIB en 20 puntos en la anualidad 2020, frente a los 11 puntos que
descendió el índice nacional”.

En este sentido, el presidente del Cabildo pidió “apoyo económico y la
solidaridad del Gobierno de España y la aprobación de un Plan Específico de
para Canarias de recuperación del sector turístico, así como un Plan de
Reactivación Económico dotado con líneas de subvenciones, exenciones y
bonificaciones fiscales y sociales, el mantenimiento de los ERTES hasta al
menos, final de año”, reclamó.

En materia migratoria, Sergio Lloret reclamó para Fuerteventura “solidaridad
tanto del Gobierno de España como de la Unión Europea, y del resto de
territorios autonómicos y Unión Europea, porque los migrantes no vienen para quedarse en Canarias: la mayoría no quiere quedarse. Canarias es simplemente la puerta de entrada por cercanía, en la ruta que traen prevista hacia el territorio peninsular y el resto de países europeos”.

Fuerteventura, en el período comprendido desde marzo de 2020 hasta la
actualidad, han llegado 1.010 migrantes irregulares en un número de 34
pateras.

La situación del Oliva Beach
Lloret quiso finalizar su intervención recordando que “Costas debe ser
transferida a Canarias como competencias porque así lo establece el Estatuto
de Autonomía” y no perdió la oportunidad para recabar implicación urgente de
las distintas administraciones del Estado con el objetivo de aportar una salida a
la angustiosa situación que viven más de 400 familias cuyo sustento depende
del futuro del Hotel Riu Oliva Beach.

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