Servicios Sociales debaten sobre vivienda, atención a las familias y mayores

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El género, la edad, el nivel de estudios, la nacionalidad y la situación familiar condicionan el acceso a los derechos dando lugar a situaciones de pobreza y exclusión social muy diversas. La pobreza en Canarias, también en Fuerteventura, según los datos de Cáritas, tiene rostro de mujer de mediana edad. Sobre las medidas que están poniendo en marcha los ayuntamientos de Puerto del Rosario y Antigua, hablamos hoy en El Magacín de Nuria González con las responsables de cada área

El caso de María Dolores Hernández y su hijo discapacitado psíquico en la capital de Fuerteventura, la concejala aclaró en El Magacín que el ayuntamiento de Puerto del Rosario “no tiene ninguna potestad sobre el suelo, tampoco voy a dar datos sobre los servicios que prestamos a estos usuarios. No sería ético”, manifestó Selena Cabrera.

El problema de la vivienda en Puerto del Rosario ha formado parte de las reuniones que mantiene el ayuntamiento con la Dirección General. El Gobierno canario, tras estudiarlo con el Cabildo, anunció que comprará pisos en la Isla para su alquiler como residenciales. El objetivo es que ninguna familia se gaste más del 25% de su renta en alquilar.

Los Servicios Sociales Básicos solo tienen capacidad para parar el golpe, no para dar una solución continuada en el tiempo. No obstante, los usuarios llegan con unas altas expectativas (“les dicen ‘ve a servicios sociales, que te lo arreglarán”) que no son satisfechas, lo que en más de una ocasión ha derivado en ciudadanos molestos. Un trabajo ‘anónimo’ que no siempre se ve recompensado con los recurso que necesita.

Un problema similar que se replica en el ayuntamiento de Antigua, “no tenemos viviendas de protección oficial, lo que hacemos es abonar el alquiler a las familias más necesitadas y en grado de exclusión. Intentamos ayudarlos en ese sentido”. Este problema fue abordado por los representantes del Cabildo de Fuerteventura en una “charla intensa” con diversos dirigentes de la banca, “propietarios de establecimientos y viviendas”. “Afortunadamente”, han explicado, “hemos conseguido el compromiso de que esas viviendas se pongan en servicio para el alquiler de larga estancia”.

 

Según los datos que maneja la organización Cáritas. “Seis de cada diez son mujeres, una de cada cuatro son extranjeras. Esto significa que ser mujer aumenta el riesgo de vivir en la pobreza. Ocho de cada diez están desempleadas y muchas de ellas no han superado los estudios obligatorios porque no han tenido la posibilidad de acceder a la educación de forma adecuada. Una de cada cuatro tiene vulnerado al derecho a la vivienda. Y una de cada dos no tiene ningún tipo de ingresos económico y está sometida a la pobreza estructural”.

 

Ayuntamientos muy pendientes del Presupuesto

Como solución a los problemas de los Servicios Sociales de los consistorios locales, se baraja ampliar los recursos y que se destinen más trabajadores en ámbitos que no son estrictamente el sistema básico. Es ahora el momento de revertir los recortes e impulsar políticas sociales.

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 destinan 196.782 millones de euros al gasto social, lo que supone casi el 56% del gasto total consolidado (2,8% más que en 2017). El mayor porcentaje de gasto social (el 73,6%) se destina a las pensiones, que absorben 144.834 millones de euros.

Los presupuestos incluyen dentro del gasto social actuaciones de protección social -como pensiones, prestación por desempleo, servicios sociales, fomento del empleo y acceso a la vivienda– y las relacionadas con bienes públicos de carácter preferente -es decir, sanidad, educación y cultura-, pero también los servicios públicos básicos, como la justicia, la defensa (excluidas las misiones de mantenimiento de la paz), la seguridad ciudadana y la política exterior.

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